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Armar gabinetes es un arte, es fina coreografía. Supone saber elegir las parejas, marcar los compases del baile desde el inicio, y sorprender; es decir, prever efectos sin perder el control de la situación. Conocida es la anécdota de Talleyrand y los dos salmones. Quiso el gran ministro, en una ocasión en que el pescado era escaso, impresionar a sus invitados a una cena ofreciéndoles dos enormes salmones; asegurándose además de la calidad, comprándolos en distintas pescaderías. Su cocinero (Boucher, según algunos testimonios, o el no menos famoso Carême, según Alfonso Reyes) se opuso terminantemente; era contra todas las reglas, un exceso al que un profesional de su reputación no se iba a prestar. El anfitrión se lo concedió pero le instruyó que cuando la bandeja hiciera su gran entrada, el sirviente se tropezara. Ante lo cual el dueño de casa no se inmutaría. “C´est dommage��. Llamó al chef, y le preguntó si había otra cosa que comer, para después de un rato hacer su entrada aún más espectacular el segundo salmón. Calza la anécdota con las dotes principescas de Talleyrand, maestro de las circunstancias y el coreógrafo por excelencia de la Restauración que siguiera a la retroexcavadora de Napoleón.

¿Tendrá Piñera previsto su segundo y tercer plato por si fallan? Es inevitable que fallen (en su primer gobierno tuvo cuatro ministros de Educación). Si es más, el presidente electo no maneja muchos menús, empezando por repetirse él mismo en atender a los comensales. Tampoco es seguro que no tenga que hacer concesiones; la gente en Chile está acostumbrada a la política y comida chatarras (según la OMS, punteamos en los índices de obesidad en América Latina), y es dudoso que esta nueva y ni tan nueva administración mejore la calidad dietética y gastronómica: lo que la gente pide. Si algo ha aprendido la izquierda todos estos años, en cambio, es a “marcar la cancha��. ¿Cómo decía Jaime Guzmán? “Si llegan a gobernar los adversarios�� es preciso que “se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno anhelaría��. Quien fija el menú político (la agenda, el legado), dispone la mesa.

A ello apostó Bachelet al final. Antes, hizo suya la demanda del 2011 por empoderar y hacer cambios radicales como fuera, aun a costa propia; su gobierno no pudo ser más incompetente, se desfondó, liquidó a la Nueva Mayoría, y va a entregarle la cocina de nuevo a Piñera. Está por verse si a este no le pasará algo parecido. Empieza con un primer gabinete duro, de choque (¿cuándo o si no, si quiere enfrentar el chantaje popular?). Vale, pero si después afloja e improvisa, ¿qué impedirá que Bachelet y su gente, o alguien similar, reaparezcan (el “voy y vuelvo�� de Nicanor Parra, y vamos de nuevo con la cueca)? El sagaz de Talleyrand contaba con, al menos, un segundo salmón mejor que el primero.

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Dicen que es su delfín. Que después de Piñera, viene Moreno. Que por eso lo pusieron en el Ministerio de Desarrollo Social, en una operación que fue planeada al detalle. Bueno, eso es mirar bajo las piedras. Primero, porque asume que Piñera está preocupado ahora de quién lo sucederá, algo improbable. Segundo, porque hasta pocos días antes del anuncio del gabinete, Moreno no era el elegido para ese ministerio. O sea, que esto responda a un plan para candidatearlo es un poco fantasioso.

Yo lo veo de otra forma. Piñera quería a Moreno en su grupo duro. Porque lo conoce, porque se entienden y trabaja bien con él. Tienen un estilo parecido, hablan el mismo idioma, son amigos. Es el único que lo trata de Sebastián. Tanto así, que incluso se especuló que podía ir a Interior. Pero lo que resultó fue mejor. Moreno entra a Desarrollo Social y lo incorporan al comité político. Una carambola doble: lo tiene cerca y de paso el presidente asegura un hombre de su plena confianza para sacar adelante un área que pretende ser un sello distintivo de su nuevo gobierno.

Con esto, el grupo duro se fortalece. Con Chadwick, Blumel, Larraín, Moreno, Pérez y Larroulet, quien llega como jefe del segundo piso, Piñera logra partir su nuevo gobierno con un equipo probado, con mucho carrete y oficio. Uno que sabe trabajar con el presidente y entre ellos. Se conocen de memoria. Una diferencia significativa con su primer gabinete, donde costó mucho conformar aquello.

Junto con Moreno, un punto importante de esto es la llegada de Cristián Larroulet a cargo del mítico segundo piso de La Moneda. Se trata de un aporte fundamental, un peso pesado, que ordenará mucho al equipo de asesores del presidente. Es un hombre de gran experiencia, pero que, además, tiene la virtud de trabajar bien en equipo y provocar buen ambiente, algo fundamental en ese trabajo.

Algunos critican que el presidente electo se rodeó para esto solo de personas cercanas e incondicionales. Puros piñeristas. Bueno, es una crítica rara. Primero, porque el equipo se fue formando durante al gobierno pasado. Su origen no está en la amistad, sino en la necesidad. En suma, si hoy están ahí es porque se ganaron el puesto.

Que sean piñeristas es una obviedad. Pero si con ello se quiere decir que son una suerte de “yes men��, me parece una lectura equivocada. Son personas que saben cómo influir en el presidente, algo que no es tan sencillo y que solo se aprende con el tiempo. Ellos saben cómo le gusta trabajar a Piñera, conocen su carácter y tienen la personalidad para manejar aquello.

En suma, el grupo parece una apuesta segura. Algo de innovación, mucha experiencia. Con esto, Piñera se asegura de no cometer el mismo error de Bachelet en su segundo gobierno, quien intentó reinventar la rueda con los resultados ya conocidos: tuvo que cambiarlos a todos. Si bien en política nada es cierto, algo se aprende con la historia.

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Este fin de semana, el PDC realiza una junta nacional particularmente importante para su futuro, y solo sirve reconocer que nuestro partido vive una crisis profunda. Negarla, subestimando el impacto que ha tenido la partida de muchos camaradas, equivale a cerrar los ojos ante la realidad; es preferible enfrentar los hechos, y tratar de precisar las causas de la crisis.

Es cierto que los partidos políticos están cuestionados, pero eso no es excusa para esquivar el examen de nuestra situación. No solo hemos perdido fuerza electoral, sino autoridad política y moral ante el país, y eso sí que es serio. Implica responsabilidades individuales y colectivas ineludibles, especialmente para quienes hemos tenido altas responsabilidades partidarias y de gobierno.

¿Cómo llegamos a este punto? Perdimos identidad y dejamos de tener una voz clara y reconocible frente a los problemas nacionales. No defendimos ciertos asuntos vitales, como la obra concertacionista que permitió que Chile diera un enorme salto hacia el desarrollo.

Nos dejamos intimidar y no tuvimos una percepción profunda del descrédito de la política, pero quizás lo medular fue el hecho de que nos confundimos respecto de cómo entender la lucha por una sociedad más justa, olvidando la historia. Chile progresó porque fuimos capaces de articular una estrategia que potenció el dinamismo del mercado y la acción del Estado como agente de inclusión. Nuestro país pasó a ocupar el primer lugar de América Latina en todas las áreas en que se mide el avance de las naciones, gracias a esa combinación virtuosa. Fue gigantesca la contribución de la DC a la recuperación de las libertades y a la fructífera experiencia de la Concertación. De allí se derivaban concepciones sobre el progreso y pautas sobre cómo gobernar democráticamente. Hubo errores y limitaciones, pero la línea gruesa fue virtuosa. El problema es que la Nueva Mayoría fue una asociación entre quienes valorábamos aquella experiencia y quienes la despreciaban. Ese fue el núcleo de un gran malentendido.

Debemos extraer enseñanzas de nuestra participación en un bloque que intentó funcionar como megapartido, dentro del cual siempre estuvimos en minoría. No necesitamos integrar una coalición permanente. Precisamente por eso, es indispensable que no haya equívoco en nuestro mensaje. Decir que no somos partidarios del “camino propio�� es una expresión incomprensible para la gente común, e incluso para nuestros militantes; es un debate de hace 50 años, pero hoy confunde. ¿Qué otro camino podríamos recorrer los democratacristianos que no fuera uno definido por nosotros mismos? ¿Cuál sería la alternativa a eso? ¿Un camino fijado por otros? No tiene sentido. Por supuesto que necesitamos dialogar con el conjunto de la sociedad y establecer acuerdos con sectores con los que coincidíamos en determinados objetivos, pero eso exige que decantemos nuestra visión de país y las propuestas que tenemos que levantar con plena autonomía.

Creo que se equivocan quienes creen que la DC ha entrado en una fase de decadencia irreversible. Tenemos la oportunidad de dar un nuevo impulso al partido sobre la base de renovar su mensaje a la sociedad y ofrecer un espacio a muchos jóvenes que quieren aportar a la construcción de una sociedad más justa, en la que los frutos del progreso lleguen a todos. Ellos no quieren consignas extraviadas ni populismos. Lo que esperan es honestidad, sentido nacional, sensatez política.

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El programa de gobierno del Presidente electo Sebastián Piñera tiene lineamientos claros en educación, que son consistentes con los ejes generales que se plantearon a la ciudadanía. Estos pueden resumirse en una confianza manifiesta en la sociedad civil y su aporte en todos los ámbitos públicos, en los que destaca la educación superior. Confiar en la libre iniciativa de las personas es compatible, por cierto, con un rol relevante y sólido del Estado, en particular respecto al acceso equitativo de los estudiantes, el resguardo de la fe pública y la protección de la autonomía y diversidad de las instituciones y del sistema en su conjunto.

El escenario en que el nuevo ministro asume la cartera es especialmente desafiante. Las reformas recientemente aprobadas cambian fuertemente el panorama en el cual se ha desarrollado históricamente la educación superior en el país. Aspectos como el financiamiento, la fiscalización, las nuevas regulaciones para las instituciones, la acreditación, los mecanismos de admisión, las composiciones de los grupos de poder como el CRUCh, sufren cambios muy relevantes. Implementar estas nuevas normativas con un sello propio, que sea compatible con las ideas del programa, es uno de los desafíos más complejos, pero sin duda uno de los más necesarios de la tarea del nuevo gobierno.

La reforma a la educación superior que promovió la actual administración, se caracterizó por ser contraria a dar más iniciativa a la sociedad civil y por considerar al Estado como la única alternativa para la solución de los desafíos y necesidades del sistema. El proyecto que se presentó entregaba al aparato público el control de varios elementos del sistema de educación superior, tales como la admisión, las vacantes y aranceles, la administración provisional de instituciones en crisis, entre otros, además de establecer un marco regulatorio muy restrictivo. Sin embargo, tras la tramitación en el Congreso, en particular en el Senado, algunos de estos aspectos mejoraron considerablemente, y las nuevas estructuras e institucionalidad que crea �� una nueva subsecretaría y una superintendencia �� pasaron a ser compatibles con un sistema de educación superior libre y basado en la autonomía de las instituciones. En relación al proyecto que fortalece las universidades del Estado, aunque genera diferencias entre instituciones que no necesariamente se justifican a la hora de asignar recursos de todos los chilenos, al menos entrega un espacio de mejora o una solución definitiva a ciertos planteles públicos cuyos problemas sistémicos de calidad no han sido enfrentados con decisión.

El problema de mayor complejidad, que no pudo corregirse en el Senado, es sin duda la implementación de una política permanente de gratuidad. Entre las complicaciones a mediano plazo que esta política plantea, está la pérdida de calidad de las instituciones adscritas debido al desfinanciamiento sistemático al que la somete la regulación de aranceles de estudiantes gratuitos y no gratuitos. La fórmula actual de la gratuidad se ha aplicado durante apenas dos años, pero ya han trascendido en la prensa ciertos ejemplos de cómo se ha afectado la calidad de los proyectos que han adscrito, o como algunos de éstos han debido renunciar a iniciativas por falta de recursos. Es evidente que la gratuidad para el 60% de los estudiantes más vulnerables busca solucionar problemas de acceso, pero el diseño de la política actual daña fuertemente a las instituciones, y disminuye la autonomía y diversidad del sistema en su conjunto. En esta materia, la tarea del ministerio debe ser asegurar que las consecuencias negativas que se han adelantado no se hagan realidad o sean menos pronunciadas, y se evite la pérdida de autonomía, la dependencia de las instituciones del fisco y la homogenización del sistema en base a un modelo único de financiamiento.

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Los desafíos que se plantean actualmente para la educación superior, son tan o más trascendentes que los vividos por el sector en las últimas décadas. Para enfrentarlos, hoy contamos con un nuevo marco regulatorio, el cumplimento de un compromiso que no estuvo exento de dificultades, dadas las diversas y legítimas visiones de los distintos actores del sistema.

La discusión de los últimos meses permitió generar consensos y apoyo mayoritario en el Congreso Nacional para la aprobación de la nueva ley de Educación Superior, haciendo realidad un principio fundamental, que como sociedad nunca debimos perder: la educación es un derecho y no puede estar determinado por la capacidad de pago de los estudiantes. Hoy, entonces, estamos brindando oportunidades reales de desarrollo a miles de jóvenes, lo que claramente impactará en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.

El nuevo marco regulatorio facilitará la interacción de los distintos actores del sistema, gracias al ordenamiento de roles y funciones de cada institución: a partir de la promulgación de esta reforma, las familias sabrán que una Superintendencia velará por el cumplimiento de las normas, la transparencia y el correcto uso de los recursos; los estudiantes podrán confiar en que la oferta académica será de calidad, en cuanto será obligatoria su acreditación; y el país tendrá la certeza de que ningún joven con talento deberá renunciar al sueño de acceder a la educación superior, por la carencia de recursos económicos. La gratuidad consolida un sistema que tiene la equidad y la inclusión como ejes fundamentales.

Hoy día entonces, contamos con las instituciones, mecanismos y herramientas que nos permitirán avanzar conjuntamente en las tareas y desafíos fundamentales que enfrentamos como sector: la pertinencia de la formación, la articulación, el desarrollo de la investigación e innovación, la internacionalización, entre otros.

Un elemento central para consolidar el éxito de esta reforma, es su implementación: es necesario que se logre una mirada integradora y comprehensiva del sistema de educación superior en su conjunto, que esté guiada desde las necesidades y demandas que hizo la sociedad, y que responda a los objetivos de desarrollo del país.

Parte de la discusión que se dio durante los largos meses de tramitación del proyecto, responde a un fenómeno de carácter mundial. Hoy la educación superior debe responder a una diversidad enorme de expectativas, intereses y objetivos. Desde la formación de profesionales y técnicos, el desarrollo, innovación y transferencia del conocimiento, la pertinencia y vinculación con distintos sectores de la sociedad, hasta ser un motor de cambio social, que contribuya al desarrollo productivo del país.

En este contexto, existe un desafío fundamental para el sector: el rol del Estado no puede ser sólo el de la regulación y el aseguramiento de que las instituciones “caminan (más o menos bien) en la dirección correcta��. Tenemos experiencias concretas que muestran que entregar información sobre el desempeño de los planteles, no garantiza que los jóvenes reciban una educación de calidad. Con lo anterior, no quiero decir que el Estado debiese asumir un rol intervencionista; por el contrario, su rol deberá ser el de convocar a las instituciones para que estas desarrollen una autonomía responsable y, consecuentemente, fortalezcan su coherencia, integridad y responsabilidad institucional.

La implementación de la reforma implica desarrollar una mirada comprensiva del sistema, que incorpore la complejidad del sector desde una perspectiva flexible y pertinente, que permita el desarrollo de la diversidad de modelos y misiones que promuevan la calidad.

El desafío es la armonización, articulación y la implementación de políticas que propendan a la consecución de objetivos comunes, y resguarden la formación integral de los estudiantes.

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Algunos son indirectos, como el hecho de que sea la sexta visita a la región y no haya ido a la Argentina de Macri; otros son gestuales, como la adustez en el trato a Piñera y la empatía con Bachelet; los hay también dolorosos, como no haber dicho una palabra sobre la masacre del piloto Óscar Pérez y los otros policías a manos de los esbirros de Nicolás Maduro, cuyo régimen no ha despertado un solo reproche en el Sumo Pontífice, que sigue promoviendo los “diálogos�� entre Caracas y la oposición.

Ser Papa y tender hacia la izquierda es perfectamente respetable, por cierto, como lo sería ser de derecha o liberal, siempre y cuando, claro, el Vicario de Cristo se mueva dentro de un espacio que reúna valores elementales como los derechos humanos, el Estado de Derecho, la igualdad ante la ley y la propiedad privada. Por cierto, la doctrina social de la Iglesia, que el Papa interpreta más bien al estilo del desarrollismo latinoamericano de los años 60, también tiene puntos de coincidencia con la izquierda, de manera que no hay que extrañarse -ni alarmarse- por el hecho de que Francisco exhiba cierta tendencia, debatible, como todas, aún si vienen con el marchamo vaticano.

El problema -o, para decirlo de otro modo, lo que llama la atención- está en otra parte. Me refiero a dos cosas. Lo primero es que el Papa no nos ha probado que pretende reformar su Iglesia de acuerdo con su discurso progresista, ni el aspecto burocrático, es decir el de la composición y organización de la Curia, ni el ético, es decir en la persecución efectiva de los abusos y los encubrimientos. Las comisiones que se establecieron para atacar estos asuntos no tuvieron mayor destino y, como se ha comprobado en Chile y Perú, y se había visto antes en la elección de algunos asesores cercanos, Francisco se pone del lado de algunas personas sobre las cuales hay densas sospechas de tolerancia o complicidad con el abuso sexual, prefiriendo que sea su discurso antes que la declaración de guerras internas la que fije los límites éticos de su Papado.

En esto, pues, el Papa progresista es conservador: ha eludido chocar con el “establishment�� eclesiástico. Sabe bien lo difícil que es lidiar con él -su antecesor, que no era progresista pero sí un alma sensible, se frustró gravemente al verse incapaz de torear al toro chúcaro de la Curia- y entiende que la distancia entre la retórica y la fotografía, por un lado, y la práctica, por el otro, es una mayor garantía de éxito que pisar el fango de unas reformas que inevitablemente le amargarán la vida y complicarán su gestión.

El Papa es progresista en el mundo del verbo y el gesto público, y conservador en el de la burocracia vaticana y el ejercicio del poder. A esa constatación hay que añadir, tras el viaje por Chile y el Perú, otra adicional: el Papa es más tolerante con los excesos de la izquierda, incluso los muy graves, que con las derechas razonables o moderadas. El “feo�� que le hace a Macri o la relativa sequedad para con Piñera, que no son Pinochet sino la centroderecha democrática, contrastan con su convivencia con los miembros del Opus Dei, por ejemplo, nombrados en cargos importantes por sus antecesores o, en otro orden, con el silencio sobre las víctimas, incluso las mortales, del chavismo en Venezuela.

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Sergio Ramírez obtuvo el año pasado el Premio Cervantes, reconocimiento que muchos consideran como el Nobel de las letras hispánicas. Además de habérsele otorgado con merecimiento, cosa que no siempre ocurre, el galardón también presenta ventajas para los lectores, ya que han vuelto a editarse algunos títulos de Ramírez que se hallaban fuera de circulación, como Adiós muchachos, la soberbia autobiografía que narra, de principio a fin, aquel fascinante proceso histórico que derrotó a uno de los tiranos más infames y rapiñadores de Latinoamérica, Anastasio Somoza (entre las incontables firmas de su propiedad figuraba Plasmaféresis, compañía que les compraba sangre a los muertos de hambre). Pese a jamás haber vestido el clásico uniforme verde olivo, y pese a no haber empuñado armas en la lucha, Ramírez fue un protagonista, según confiesa con humor, llegó a ser presidente de un gobierno inexistente.

Nicaragua es un país con una historia singular, marcada por una cercanía maldita con Estados Unidos. “Ningún otro país de América Latina��, informa Ramírez, “había sido víctima de tantos abusos e intervenciones militares de EEUU en más de un siglo, desde que William Walker, un aventurero de Tennessee, se había proclamado presidente del país en 1855, amparado por una falange de filibusteros��.

A principios del siglo XX surgió la figura viril y antiimperialista de Augusto Sandino, el caudillo que logró expulsar por primera vez a los yanquis de su patria. Pero en 1934 Sandino fue mandado a matar por un general de confianza, quien, a su vez, había recibido el encargo homicida de parte de la embajada estadounidense. El nombre del traidor era Anastasio Somoza, padre del tirano mencionado al principio. El círculo se cerró 45 años más tarde, cuando los cuadros sandinistas, cuadros que Ramírez dirigía, entraron victoriosos a Managua: “Con el triunfo de la revolución en 1979, era Sandino el que volvía, y al huir Somoza, era el último marine el que se iba��.

Las peculiaridades y las complejidades de la revolución sandinista son numerosas, y Ramírez se da maña para explicarlas una a una, utilizando el talento narrativo que le conocíamos, al que ahora se suma el rigor histórico y la mirada serena que se obtiene tras el paso de los años (Adiós muchachos se publicó en 1999; luego se reeditó en 2007 con un prólogo fabuloso en donde Ramírez ajusta cuentas con su ex amigo Daniel Ortega, quien hoy ejerce el cargo de presidente de Nicaragua por cuarta vez). Entre las principales rarezas del proceso revolucionario nicaragüense resaltan la curiosa junta entre marxismo y cristianismo, el importante rol que jugó la elite burguesa y conservadora en la caída de Somoza (“los hijos arrastraban a sus padres��), o la figuración de “mucho cura y mucho rico�� entre los cabecillas del Frente Sandinista de Liberación Nacional.

Para Cuba, por otra parte, el éxito sandinista fue un hito: “Tras veinte años de apoyo a las guerrillas de América Latina, Nicaragua era el único país que lograba liberarse del imperialismo; la victoria sandinista era un ejemplo que quitaba dureza a constantes frustraciones, la mayor de todas el fracaso del Che Guevara en Bolivia��. Por supuesto que el primero en entender que la marcha de la revolución nicaragüense debía ser distinta fue Fidel, a quien Ramírez visitó en varias oportunidades.

Son muchos los atractivos que componen estas memorias de un guerrillero sin armas: el interminable desfile de personajes ilustres tratados en persona por Ramírez (Chuchú Martínez, el general Torrijos, Gadafi, Ernesto Cardenal, Edén Pastora, Margaret Thatcher, Boris Yeltsin, la Nicolasa Sevilla, el eterno conspirador de García Márquez); un invaluable diccionario geográfico de lugares con nombres hermosísimos y evocadores (Boaco, Jinotega, Yalí, Palacagüina, Totogalpa, Somoto, Estelí, Kilambé, Iyas, Sofana, Dudú, Kuskawás, Waslala, Monimbó, Malpaisillo); la profunda exposición de los vericuetos, los revolcones y los vicios irreductibles del poder. Pero tal vez el atributo que más pesa en el libro es el testimonio valiente del fracaso, en este caso del propio fracaso: “La revolución no trajo la justicia anhelada para los oprimidos, ni pudo crear riqueza y desarrollo��.

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Recientemente ingresó al Parlamento un proyecto de ley que regula la forma y condiciones en que las personas que cumplen condenas por delitos de lesa humanidad pueden acceder a beneficios penitenciarios, su prohibición para acceder al indulto, y la situación de personas privadas de libertad en general, cuando se encuentran en situaciones de demencia y/o enfermedad en fase terminal. Como gobierno hemos decidido hacernos cargo de los avances internacionales en estas materias, modernizando la legislación y haciéndola consistente con nuestros compromisos en derechos humanos.

En relación con los condenados por crímenes de lesa humanidad, al Estado corresponde por una parte investigar y sancionar proporcionalmente y con penas efectivas los delitos cometidos -en este caso uno de los más graves que se pueden cometer- evitando la impunidad y disuadiendo de su comisión a futuro. Si bien ha habido avances importantes, la legislación respecto del acceso a beneficios no diferencia entre un simple delito de uno que echó a andar una maquinaria represiva que afectó a miles de chilenos. El proyecto, junto con otorgar el acceso a dichos beneficios, fija requisitos adicionales. Para estos casos ya no es solo la conducta, el trabajo o educación lo que posibilita el acceso, sino que la cooperación sustantiva con la justicia y el arrepentimiento sobre los hechos cometidos, además de un mayor tiempo de cumplimiento efectivo de la pena. De esta manera y considerando que uno de los aspectos centrales de la investigación de crímenes de lesa humanidad es el conocimiento de la verdad, en particular respecto del destino de los detenidos desaparecidos, se logra la ponderación entre el derecho de acceso a dichos beneficios y la necesidad de avanzar en verdad y en la garantía de no repetición.

Por otra parte, el proyecto prohíbe el indulto para personas condenadas por crímenes de lesa humanidad, haciendo eco de la prohibición internacional y armonizando la legislación a lo establecido en la Constitución. Si la Carta establece la imposibilidad de acceder a la libertad condicional a quienes hayan sido condenados por terrorismo, tratándose de terrorismo de Estado tampoco cabe dicho beneficio. Así damos una señal importante contra toda forma de impunidad frente a cuestiones que conmovieron y afectan aún a muchos de nuestros compatriotas.

En el caso de personas condenadas por cualquier delito -incluidos crímenes de lesa humanidad- con discapacidad mental o síquica, si bien existe una norma que faculta al juez para decidir si la persona cumplirá o no la condena en una unidad penal, el proyecto busca objetivar la decisión del juez entregándole la atribución exclusiva al Servicio Médico Legal para acreditar dicha condición. Frente al vacío legal existente sobre las personas que se encuentran cumpliendo penas con una enfermedad en fase terminal, la iniciativa las regula exigiendo informes al SML que, de acreditar dicha situación, permiten cumplir condenas con reclusión total en sus domicilios. Se trata de una facultad aplicable a todos los que se encuentren en tal situación, lo que no sacrifica la justicia e introduce una mirada humanitaria.

Como gobierno esperamos una buena acogida a este proyecto que recoge en los mejores términos nuestra vocación y compromiso por los derechos humanos en cualquier tiempo y en cualquier lugar.

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Nuestra política todavía está dividida de acuerdo a las categorías del siglo XX: la “derecha�� y la “izquierda��. A riesgo de ser simplista, la derecha enfatiza la libertad individual como el único objetivo y los mecanismos de mercado como el principal medio para asegurar la libertad. Por otra parte, la izquierda valora la igualdad entre las personas; y el medio principal para alcanzarla sería la acción estatal.

Todas las sociedades exitosas han logrado superar esta dicotomía y armonizar los extremos (libertad-igualdad; mercado-estado) de manera virtuosa. Las sociedades capitalistas desarrolladas son economías de mercado con una alta dosis de libertad individual. Sin embargo, los mercados deben desenvolverse dentro de una intrincada trama de regulaciones que buscan asegurar que las acciones individuales se compatibilicen con el bien social. Al mismo tiempo, la igualdad de oportunidades es un valor profundamente arraigado en las sociedades democráticas desarrolladas, si bien alcanzado aún de manera muy imperfecta.

¿Y nosotros? Todavía estamos enfrascados en si la libertad o la igualdad, que si el mercado o el Estado. Los de izquierda creen en un Estado todopoderoso que no existe en ninguna parte, los de derecha en mercados idealizados que distan mucho de los que se observan en la realidad. La izquierda deplora la desigualdad y demoniza al mercado; la derecha se queja de las cortapisas a la iniciativa privada y de la ineptitud del Estado para resolver problemas.

Los objetivos de la izquierda (igualdad de oportunidades) bien pueden ser perseguidos ya sea por la acción del Estado o por la intervención en los mercados. Pero la izquierda parece no interesarse solo en el fin, sino que también está obsesionada por los medios: la acción del Estado es el único medio aceptable, se desconfía en el mercado y se demoniza el “lucro��. Es así como se desperdicia un instrumento potente de acercarnos al fin propuesto y se confía en uno (el Estado) que ha demostrado ser mucho menos omnipotente y más torpe que lo que se creía.

Convengamos en que los fines de derecha e izquierda (libertad e igualdad) son ambos valiosos. Ellos conviven dificultosamente. Una mayor igualdad bien podría conllevar menor libertad y viceversa. Por ejemplo, para dar mejor educación a los niños pobres, el Estado necesita recursos; y ellos solo pueden venir de mayores impuestos, que a su vez implican menores ingresos privados, y menor libertad.

Con respecto a los medios (mercado-estado), conviene ser pragmático y no descartar soluciones a priori. Esto no nos ha hecho bien en el pasado y no lo hará en el futuro. Para ello, debemos abandonar los prejuicios que dominan la discusión pública, tales como la desconfianza de la acción individual mediada por mercados o de la deificación del Estado como único instrumento capaz de alcanzar el bien común.

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A pesar de filtraciones previas, el anuncio del nuevo ministerio resultó ser una sorpresa. Dado el énfasis que el Presidente electo está poniendo  en el logro de acuerdos con la oposición, produjo extrañeza el nombramiento de un gabinete de un perfil político tan marcadamente de derecha (liberal en lo económico-social y más bien conservador en lo valórico). A primera vista fue el equivalente de mostrarle una manta roja a un toro.

Y como era de esperar, sobre todo en el Frente Amplio, la reacción inmediata fue el anuncio de una oposición cerrada. Al hacerlo, sin embargo, no consideraron que el Presidente electo genuinamente desea la unidad nacional y que sus ministros -naturalmente que desde sus posiciones políticas- van a estar por ello abiertos al diálogo, buscando acuerdos en las materias en que ello sea posible.

El corazón del gobierno lo constituirá el Comité Político, que ha sido ampliado para incluir a los ministros de Relaciones Exteriores y de Desarrollo Social. Las personas que lo integran, en su mayoría, han trabajado juntos previamente y forman un equipo muy afianzado, condición necesaria para una gestión eficiente. Al mismo tiempo, su composición es el reflejo del énfasis político y social que le desea imprimir Sebastián Piñera a su nuevo gobierno, con el objetivo de asegurar que el crecimiento beneficie a todos  y así proyectar el régimen más allá de su período.

En materia estrictamente económica, los ministros de Hacienda y Economía -que son técnicamente muy competentes y pragmáticos- perfeccionarán la economía social de mercado que tenemos, a pesar de que con la nueva composición del Comité Político el poder del primero se verá reducido.

No tengo dudas que Felipe Larraín tratará de corregir lo antes posible los principales defectos de la ley tributaria, se coordinará bien con el presidente del Banco Central, velará por un uso más eficiente de los recursos fiscales, y hará los esfuerzos necesarios para ir reduciendo paulatinamente el déficit fiscal heredado. El ministro de Hacienda debiera probablemente ser también la persona que lidere el proceso de reforma del Estado, un esfuerzo multipartidario de largo aliento.  

A su vez espero que José Ramón Valente considere, entre otros aportes, los resultados de los trabajos realizados por Joseph Ramos y su grupo, Manuel Agosin y sus colegas, y Jorge Rodríguez, el actual ministro de Economía, para implementar su propio, importante y urgente programa de impulso a la inversión y la productividad.

Los ministros de Hacienda y Economía son además muy mediáticos y, junto con otros ministros y el propio Presidente, debieran aprovechar sus intervenciones públicas para erradicar la autoatribuida superioridad moral de los socialismos, resaltando los principios y la evidencia empírica que subyacen a las medidas que proponen para configurar un sistema socioeconómico cada vez más libre y justo.

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